Afectados Banco Popular

Las posibilidades de éxito son altas. Son ya un buen numero de sentencias favorables, dictadas tanto por Juzgados de Primera Instancia como por Audiencias Provinciales en segunda instancia, que declaran como hechos probados los incumplimientos de Banco Popular, como emisor de dichos productos financieros, de sus deberes legales de transparencia e información al inversor, condenando a la entidad financiera a la restitución de los importes invertidos más intereses legales.

En fecha 7 de junio de 2017, la JUR acordó la resolución de Banco Popular, así como la amortización de todas sus acciones, lo que en la práctica supuso que todos los accionistas y titulares de obligaciones subordinadas o Bonos convertibles vieran de la noche a la mañana desaparecer sus títulos, y a cambio de nada, sin ningún tipo de compensación. Es decir, perdiendo toda su inversión.

A pesar de los esfuerzos de Banco Santander en defender que lo que provocó el desplome y resolución del banco fue una falta de liquidez sobrevenida, consecuencia de la fuga de depósitos debido a la pérdida de confianza en los días previos al desastre, la realidad de lo sucedido es que Banco Popular ya estaba enfermo, y venía arrastrando una situación de insolvencia de ejercicios anteriores, situación que fue ocultada a sus accionistas y bonistas.

Lo cierto es que la situación real financiera del Banco Popular estaba muy lejos de parecerse a la imagen ofrecida por el propio Banco en sus cuentas anuales, situación que desembocó en la intervención y resolución del banco en junio de 2017 y que venía orquestándose, como decimos, con bastante antelación, como mínimo desde la compra de Banco Pastor, según vienen reiterando los tribunales en multitud de Sentencias.

Lo anterior supone un incumplimiento claro de los deberes de información y transparencia previsto en la Ley del Mercado de Valores, incumplimiento que provocó un error en el consentimiento de todos aquellos inversores que decidieron apostar por la entidad desconociendo su verdadera situación.

La demanda se fundamenta en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia exigibles a Banco Popular en cuanto emisor de los títulos. Por tanto, aquellos afectados que haya comprado a través de otra entidad financiera depositaria también pueden reclamar, pues decidieron comprar en base a una información publicada por Banco Popular que no se ajustaba a la realidad.

Una vez presentada la demanda, la duración del proceso depende fundamentalmente de la carga del trabajo del Juzgado en el que haya recaído la demanda. En todo caso, el tiempo medio de espera desde que se presenta la demanda judicial hasta que se dicta sentencia es de alrededor de un año. No obstante, se trata de un dato orientativo, pues hay que tener en cuenta que cada Juzgado lleva su propio ritmo, y cabe la posibilidad de que dicho plazo termine siendo inferior o, en su caso, superior.

Recientemente hemos obtenido una sentencia que condena a Banco Santander a indemnizar a una sociedad por la adquisición de acciones de Banco Popular en el mercado secundario, efectuada en el ejercicio 2013.

El derecho a indemnización deriva de ser titular de las acciones, no del momento en el que se produjo la adquisición.

Ver sentencia y vídeo explicativo en el Blog Civil de Durán & Durán Abogados